Toda persona tiene derecho a recibir la información disponible sobre su proceso y sobre la atención sanitaria recibida (también tiene derecho a no ser informada si esa es su voluntad) en todo momento, con suficiente antelación y adaptada a sus capacidades de comprensión.
La información debe formar parte de todas las actuaciones asistenciales, permitiendo al usuario comprender la finalidad y la naturaleza de cada intervención que se le proponga y practique, sus riesgos y sus consecuencias.
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